Están exceptuadas todas aquellas sociedades que coticen en un mercado regulado. En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de ésta. En ejercicios posteriores solo se deberá volver a informar en caso de producirse variaciones en la titularidad real.

Que las pensiones de los autónomos son de las más bajas lo sabe todo el mundo. Se cotiza durante gran parte de la vida laboral por la base mínima, lo que genera unas prestaciones mínimas. Esto ayuda a que el RETA sea el sistema menos deficitario dentro de la Seguridad Social. O dicho de otra manera el más sostenible. Quizás por eso a nadie le interese reducir dicha diferencia, porque la brecha las pensiones de los autónomos se sitúa en el 27% respecto al resto.

El despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal, e incluso de duración incierta y/o causada por accidente laboral no puede ser motivo de despido. Así lo encontramos en la primera sentencia* en España que lo dictamina, considerándolo nulo basado por una situación de enfermedad. Los derechos de las personas dictaminados en la Convención de las Naciones sobre la igualdad de trato en el empleo de las personas con discapacidad, es una de las razones que la sentencia tumba este tipos de despido. La sentencia de la que hablamos concluye que “una incapacidad temporal no excluye, por sí sola, la posibilidad de que se aprecie una discriminación por razón de discapacidad”.